Alianza Lima vs. FPF: denuncia, nulidad y el nuevo escenario de la guerra por la TV

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Este lunes 5 de junio, la Comisión Disciplinaria de la Federación Peruana de Fútbol (CD-FPF) declaró la nulidad de las resoluciones contra Alianza Lima, Binacional, Cienciano y Melgar.

La resolución que mencionan es la N° 021-CD-FPF-2023, donde se manifiesta que daría inicio a “un procedimiento disciplinario”, que de concluirse llegaría a sancionar a los cuatro clubes -Alianza Lima, Binacional, Cienciano y Melgar- con la “descalificación de competiciones en curso y/o exclusión de futuras competiciones” o el “descenso a la categoría inmediatamente inferior”. Sin embargo, esta documentación quedará sin efecto, aunque continuaría la denuncia de la Secretaria General de la FPF.

El escenario

La FPF argumenta que los cuatro clubes mencionados desconocen su titularidad sobre los derechos de TV; pero lo alarmante no es eso, sino el tipo de sanción que el mismo organismo exige para los opositores. De acuerdo a su comunicado, el máximo ente del fútbol peruano pide la descalificación de las competiciones en curso o el descenso inmediato de los protagonistas. Esto abre un panorama sombrío y gaseoso de cara al Torneo Clausura, que inicia el viernes 23 de junio. Por ahora, Alianza Lima, Melgar, Cienciano y Binacional alistan sus descargos para no verse perjudicados y mantenerse unidos frente a lo que consideran un atropello de la federación.

¿Cómo surge la guerra por los derechos de TV?

Para entrar en contexto es necesario recordar ciertos detalles. La FPF, desde el año pasado, advirtió a los clubes que a partir del 2023 iba a recuperar los derechos de transmisión que estos manejaban desde el siglo pasado, antes incluso de la recordada Copa Cable Mágico. Como se sabe, 15 de los 19 equipos culminaban su contrato con el Consorcio Fútbol Perú (GOLPERÚ) en diciembre del 2022, y los otros cuatro (Universitario, Municipal, Sport Boys y Carlos A. Mannucci) lo harían después de esa fecha. Bajo esa premisa, la FPF convocó a una licitación en Santiago de Chile para invitar a las empresas a adquirir esos derechos; pero no tuvo un ganador. Pese a eso, sin embargo, la federación anunció un acuerdo con 1190 Sports.

Desde entonces, empezó una batalla legal entre ambas partes por los derechos de TV. En un principio, fueron ocho clubes los que unieron fuerzas contra la FPF (incluido Universitario de Deportes); pero al final terminaron quedando solo cuatro. Por un lado, la FPF y 1190 intentaron convencer de que su modelo asociativo era lo mejor para todos; y, por el otro, los clubes pedían números sobre la mesa, cifras transparentes y más detalles para acercarse a un acuerdo. Nada de eso ocurrió y el tiempo continuó avanzando. La federación, al tomar conocimiento de que los clubes habían renovado con el Consorcio, solicitó una medida cautelar al Poder Judicial que impidió la transmisión de los partidos de la oposición por la señal de GOLPERÚ. En respuesta, los clubes anunciaron su no presentación al inicio del Apertura.

¿Por qué los clubes de oposición finalmente aceptaron transmitir por Liga 1 MAX?

La primera fecha del Apertura no se jugó en su totalidad debido a los insólitos walkovers, uno tras otro, como señal de protesta. La oposición pidió a la FPF levantar la medida cautelar; pero el máximo ente estaba firme en su decisión. La única manera de transmitir los partidos era por la señal de la Liga 1 MAX. Al ya tener un W.O., equipos como Alianza Lima no podía sumar otro más, ya que el reglamento castigaba dos W.O. como descenso automático. Entonces, aceptaron jugar con una condición: las cámaras de 1190 Sports no podían ingresar. La FPF aceptó solo por una vez; pero luego tomó acción y respondió cambiando el reglamento para condicionar a los clubes con distintas medidas, entre ellas estaba obligarlos a transmitir por el nuevo operador con la advertencia de un posible segundo walkover y, por ende, el descenso automático.

Ante eso, los clubes tuvieron que retroceder y dialogar con el Consorcio a fin de evitar el pago de una multimillonaria multa por incumplir el contrato con este operador. Alianza Lima y los demás, obligados incluso por la medida cautelar, llegaron a un acuerdo para que sus partidos se transmitan por la señal de Liga 1 MAX, como se ha hecho hasta ahora. No obstante, el tema continúa por la vía legal y están a la espera de una respuesta a la medida cautelar que solicitaron a la justicia ordinaria para tener luz verde a la emisión de sus partidos por GOLPERÚ. Mientras eso ocurre, los clubes opositores no recibieron el pago de los 500 mil dólares que ofrecieron 1190 y la FPF destinado a infraestructura ni recibieron ingresos por derechos de televisión, ya que no tienen un contrato con el nuevo operador.

¿Qué escenario se abre entre la FPF y los clubes?

Si bien Alianza Lima, Melgar, Cienciano y Binacional aceptaron la transmisión de sus partidos a través del canal Liga 1 MAX, el problema está lejos de resolverse. El escenario inmediato era que los clubes denunciados den su descargo ante la Comisión Disciplinaria de la FPF. El plazo que tenían era dos días hábiles, por lo que la respuesta se debía dar entre el lunes 5 y martes 6 de junio. Eso sí, el Apertura terminará sin inconvenientes, se jugará la última fecha en su totalidad y con la transmisión de partidos como se ha hecho hasta ahora.

Sin embargo, no hay garantía de que el Clausura vaya a iniciar con 19 clubes. Esto porque aunque ha sido anulada la denuncia, la FPF podría volver a realizar la denuncia.

Si FPF se mantiene firme su posición y exige que todos suscriban se adhieran a su modelo asociativo; pero los clubes desconfían de su viabilidad y también están decididos a sostener su postura contra la federación. Al parecer, lo que se viene es la segunda parte de la guerra de los derechos de TV, la misma que podría afectar el nuevamente desarrollo de la liga, ya que pone a los cuatro clubes entre la espada y la pared. Si no firman, el castigo va desde la descalificación del campeonato hasta el descenso, con todas las consecuencias económicas y deportivas. Y si firman, advierten desde los clubes, se exponen a una una demanda multimillonaria del Consorcio. En cualquier escenario, es necesario el diálogo entre las partes para encontrar consensos que le den una salida a un conflicto que ya lleva muchos meses sin solución a la vista.

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