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El caso ‘Los Galácticos’ sigue estremeciendo los cimientos del fútbol peruano. A una semana exacta de que Agustín Lozano, presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), fuera liberado tras la revocatoria de su detención preliminar, el escándalo no pierde fuerza. Las acusaciones de lavado de activos, coacción y corrupción en contra de Lozano y otros directivos no solo han centrado la atención mediática, sino que han dejado al descubierto prácticas internas que ponen en entredicho la ética en la gestión del ente rector del balompié nacional. En este contexto, una solicitud del directivo Víctor Bellido Aedo, revelada por el periodista Horacio Zimmermann, ha desatado una nueva polémica: pidió que la FPF asuma los elevados costos de su defensa legal.
Víctor Bellido Aedo, director de la FPF y presidente de Ayacucho FC, presentó un documento formal al organismo solicitando que se cubra su defensa legal. La carta incluye la propuesta de honorarios del estudio Villavicencio Meza & Rivera, que desglosa los costos de representación en las distintas etapas del proceso penal. Bellido argumenta que, dado su rol como directivo de la FPF, esta debería hacerse cargo de la formalización y pago de los honorarios legales.
“Por medio de la presente, en calidad de DIRECTIVO DE LA FPF, y con relación a la investigación de la referencia, mediante la presente remito la propuesta de honorarios profesionales del estudio de abogados VILLAVICENCO MEZA & RIVERA, quienes asumirán mi defensa en esta nueva etapa de investigación preparatoria”, se lee en la solicitud de Bellido Aedo.
“En tal sentido, pido a ustedes tengan bien de disponer a quienes correspondan la formalización respectiva afín de que pueda apersonarse al caso a la brevedad posible”, agregó el directivo de la FPF en un documento que se ha difundido en las redes sociales.
El documento detalla que los servicios legales cubrirían delitos como fraude en la administración de personas jurídicas, coacción, crimen organizado, defraudación tributaria y lavado de activos, entre otros, enmarcados en una carpeta fiscal específica. El costo global asciende a 85,000 dólares e incluye montos escalonados desde la etapa de investigación preparatoria hasta una posible apelación de sentencia.
Costos desglosados
- Etapa de investigación preparatoria: Aceptación de la propuesta: $15,000 más impuestos. Conclusión de la etapa: $10,000 más impuestos.
- Etapa intermedia: Inicio: $10,000 más impuestos. Conclusión: $7,500 más impuestos.
- Juicio oral: Inicio: $12,500 más impuestos. Conclusión: $12,500 más impuestos.
- Apelación de sentencia: Presentación del recurso: $10,000 más impuestos. Conclusión: $7,500 más impuestos.
Este detallado plan de costos deja en evidencia la magnitud de los recursos necesarios para una defensa en un caso de alta complejidad como este. Sin embargo, la pregunta que ahora se plantea es si la FPF tiene el deber —o la disposición— de asumir estos gastos.
¿Cuántos años de cárcel podría afrontar Agustín Lozano?
En una entrevista para Canal N, Jorge Chávez Cotrina, coordinador de la Fiscalía, explicó el caso judicial y mencionó la posible condena que afrontaría el presidente de la Federación Peruana de Fútbol en caso de ser declarado culpable. “La investigación va más allá de un año y medio por la fiscalía de crimen organizado, liderado por el doctor Orihuela, tras esto, ordenó el día de ayer (miércoles) un requerimiento de allanamiento con fines de detención y registró a doce personas. Hoy, junto a doce fiscales y policías especializados, ejecutaron el operativo tanto en Lima, Piura, Chiclayo, Huánuco y Tumbes.
Asimismo, Chávez Cotrina aclaró que el titular de San Luis enfrenta acusaciones por presuntos delitos de corrupción, fraude en la gestión pública y lavado de activos, en conexión con el manejo inapropiado de los recursos de la FPF. “Después de la detención de 15 días preliminares, la Fiscalía va solicitar otras medidas y ahí se hará pública las evidencias concretas contra los investigados”.
“Estamos hablando de un concurso real de delitos y en este caso, las penas se suman y estaríamos hablando de un total de veinte años de cárcel”, agregó el letrado. Cabe señalar que esta fase inicial también conlleva el cumplimiento de protocolos legales, como la revisión en medicina legal, antes de ser trasladados a la sede de la prefectura, donde se llevará a cabo la detención preliminar.
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